El Consejero de Universidades de Cataluña denuncia los defectos de base del CCU

En un artículo de opinión se expresaba ayer en el diario nacional EL PAÍS Carles Solà i Ferrando criticando diversos aspectos del proceso seguido por el Consejo de Coordinación Universitaria para la elaboración del nuevo catálogo de titulaciones. Solà, Consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalidad de Cataluña, critica el método empleado en dicho proceso, justificando así la gran alarma social que se ha generado en torno al mismo.
Solà se manifiesta en contra del concepto de "catálogo", que supondrá que sólo se considerarán enseñanzas oficiales, reconocidas y respaldadas por el Estado, los títulos que se incluyan en el mismo, quedando excluidos de financiación pública y de muchos otros beneficios (becas, acceso al doctorado, reconocimiento para el acceso a la función pública, etc.) cualquier otro que las universidades deseen ofertar al margen del catálogo. En la mayor parte de los países europeos no existe este concepto de catálogo, con las tremendas limitaciones que supone.
Asimismo, el autor del artículo opina que se debería dotar de mayor protagonismo a las universidades en este proceso de configuración del sistema de enseñanza superior español, de modo que las modificaciones que se introduzcan sean ampliamente consensuadas, y no tan impuestas desde arriba como hasta ahora se está realizando. Considera que las comunidades autónomas también deben intervenir en este debate, aportando sus necesidades propias (aquí se refiere especialmente a lo que afecta a las lenguas cooficiales en las autonomías bilingües, como puede ser el mantenimiento de la Filología Catalana en Cataluña).
Según Solà, las titulaciones de grado deberían ser suficientes para cubrir las necesidades de la sociedad en distintos ámbitos y permitir que personas con dicha titulación puedan ya ejercer una actividad profesional.
Por todo ello, Solà considera que el ministerio debería proceder a una corrección del procedimiento para establecer el catálogo o, mejor, una relación abierta de titulaciones, de modo que cada universidad pudiera tener más protagonismo sobre los aspectos académicos de las titulaciones que quiere impartir, y cada gobierno pudiera tenerlo sobre los aspectos de financiación, costes, calidad y duración.