Acaba de incorporarse al Portal de Archivos Españoles (PARES) la serie documental “Obras en inmuebles, conjuntos urbanos y paisajes singulares protegidos por la legislación de patrimonio histórico-artístico”. Está integrada en “Dirección General de Bellas Artes”, Primera división del fondo del Ministerio de Cultura. La protección del patrimonio inmueble: las primeras manifestaciones en España
La protección del patrimonio histórico y artístico constituye una de las preocupaciones fundamentales en materia cultural de los estados desarrollados desde principios del siglo XX. Debido a la riqueza monumental, arqueológica y paisajística de España y al expolio de algunos de sus tesoros, los poderes públicos se sensibilizan tempranamente con este problema. Fruto de este estado de opinión es la Ley de 13 de mayo de 1933, una de las más avanzadas y técnicamente mejores de su tiempo. Sin embargo, la imposibilidad de ejercer un control efectivo, los intereses urbanísticos y las necesidades de reconstrucción tras la Guerra Civil frustran gran parte de los esfuerzos.
La administración central y el esfuerzo de conservación durante la fase de desarrollo económico (1955-1975)
La reactivación de la economía española de los Cincuenta y el desarrollo del turismo, produce una presión renovada sobre los cascos históricos y paisajes singulares. Se trata en ambos casos de un urbanismo de “piqueta”, en general, muy poco respetuoso con las arquitecturas tradicionales y los valores estéticos y ambientales de los entornos.
La respuesta de los poderes públicos se cifra en la adopción de una serie de medidas que buscan la reorganización de los servicios administrativos con competencias en esta materia y dependientes de la Dirección General de Bellas Artes (Decreto-Ley 12 de junio de 1953) y el reforzamiento de las políticas de conservación, sobre todo, mediante el ejercicio efectivo de las potestades de control y ordenación contenidas de la Ley de Protección del Patrimonio Artístico de 1933 y su Reglamento de desarrollo de 16 de abril de 1936. Entre ellas, se encuentra la facultad de autorización previa de todas las obras realizadas sobre inmuebles, núcleos de población y zonas rurales incluidos en las categorías de protección del patrimonio existentes en aquel momento, esto es, monumentos, conjuntos histórico-artísticos y paisajes pintorescos.
Acceso a los fondos. Significado y relevancia
La documentación es de acceso libre. Fue producida por la Dirección General de Bellas Artes entre 1940 y 1979, aunque predomina el periodo comprendido entre 1963 y 1975. La serie reagrupa aproximadamente 7.000 expedientes de todas las regiones de España con abundante material gráfico como planos, croquis y fotografías.
En su mayoría está constituida por los citados expedientes de autorización de obras incoados de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de 1933 y el artículo 6 del Decreto de 22 de julio de 1958. Normalmente se inician con la solicitud de un particular interesado o por petición razonada del Servicio de Defensa del Patrimonio Nacional. La decisión definitiva competía al Director de Bellas Artes autorizando, denegando o imponiendo cambios a los proyectos presentados y encomendando el control de la ejecución a los ayuntamientos donde se iban a realizar las obras.
Por otra parte, como consecuencia de una aplicación extensiva de las potestades de protección conferidas por la propia Ley podemos encontrar otro tipo de expedientes como los referidos a los intervención de la Dirección General de Bellas Artes en la elaboración de normas de planeamiento urbanístico en zonas protegidas o dictámenes sobre actuaciones de otros entes públicos con repercusiones sobre el patrimonio, por ejemplo, en supuestos de enajenación de inmuebles de titularidad pública con valores históricos-artísticos o restauración de edificios civiles y templos.
La documentación de esta serie muestra los primeros intentos de aplicación de una política urbanística que busca preservar los valores ambientes, estéticos y naturales de los entornos y, de esta manera, colaborar activamente en el diseño de una política de ordenación del territorio. Sin embargo se trató de un intento tardío y tímido. La difícil relación con los Ayuntamientos, las frecuentes ingerencias de los todopoderosos Gobernadores Civiles y la escasa conciencia sobre esta materia de los particulares, contribuyeron a que los resultados fueron muy modestos y en general parciales.
Documentación complementaria
A principios de los años 80 se produjo la transferencia de las competencias sobre patrimonio cultural a las Comunidades autónomas. Deben consultarse con preferencia sus archivos para completar la información sobre obras realizadas durante las dos últimas décadas del siglo XX. También puede resultar interesante el examen de las series sobre urbanismo que se conservan en los archivos municipales, al ser ellos los encargados de hacer ejecutar las decisiones acordadas por las administraciones estatales y autonómicas en esta materia.
Bibliografía
Con carácter introductorio se puede consultar El patrimonio cultural: la memoria recuperada de Francisca Hernández Hernández (Gijón, 2002). Con información más centrada en las cuestiones de conservación y recuperación del patrimonio inmueble es de utilidad Conservación de bienes culturales. Teoría, historia, principios y normas de Ignacio González-Varas (Madrid, 1999).
[Fuente: PARES]
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